Durante la última sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó pedidos de informes dirigidos a las 17 gobernaciones departamentales del país sobre el destino de los gastos sociales contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del Ejercicio Fiscal 2026.
La iniciativa fue presentada por la diputada Roya Torres (PLRA-Alto Paraná) y se estructura en tres artículos que solicitan rendición de cuentas a los departamentos de Concepción, Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Misiones, Ñeembucú, Canindeyú, Paraguarí, Caazapá, Central, Itapúa, San Pedro, Guairá, Amambay, Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay.
La medida surge en respuesta a la reciente aprobación, por parte de la Cámara de Senadores, de un proyecto de ley que transfiere la administración del programa Hambre Cero —hasta ahora a cargo de las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná— al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La decisión se fundamenta en denuncias de irregularidades y presunto mal uso de fondos públicos en ambas gobernaciones.
De acuerdo con documentos oficiales, el PGN 2026 prioriza cuatro sectores sociales: salud, educación, seguridad y asistencia a grupos vulnerables.
Entre los principales programas financiados se destacan la Alimentación Escolar, con una asignación de G. 2,9 billones (USD 370 millones) para beneficiar a cerca de un millón de estudiantes, y la Pensión para Adultos Mayores, con G. 3,2 billones (USD 412 millones) destinados a 370.000 beneficiarios, lo que representa un incremento de G. 383 mil millones respecto al ejercicio anterior.
En materia de seguridad, se previó G. 564 mil millones para la Policía Nacional, con miras a la incorporación de 5.200 nuevos agentes.
El sector salud, por su parte, recibió recursos adicionales para la creación de nuevos cargos en hospitales públicos y en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
En educación, la inversión contempla el cumplimiento del Escalafón Docente y el reajuste salarial para 92.808 cargos docentes en todo el país.