Según un informe de la CGR, una exhaustiva auditoría realizada a la gestión municipal entre los años 2018 y 2022 reveló indicios de un perjuicio patrimonial de al menos G. 60 millones.
Irregularidades detectadas.
El informe de la CGR, indica que estas obras presentan diversas irregularidades, como sobrefacturación, incumplimiento de especificaciones técnicas y mala calidad en la ejecución. Además, se detectaron deficiencias en la planificación y control de los proyectos, lo que permitió que se generaran sobrecostos y se desperdiciaran recursos públicos.
Entre las obras cuestionadas se encuentran la construcción de empedrados, aulas escolares y un polideportivo, financiados en su mayoría con recursos del Fonacide y royalties. La Contraloría General de la República constató que varios de estos proyectos no fueron ejecutados en su totalidad o contaban con deficiencias en la calidad de los materiales y mano de obra.
De los 14 puntos que debía mejorar el intendente Gil Amarilla, solo llegó a cumplir 7 puntos, por lo cual tuvo un cumplimiento parcial, incumpliendo así los requisitos requeridos por la C.G.R luego de una Fiscalización Especial Inmediata.
En específico, la CGR encontró que las desprolijidades se detectaron en la construcción de empedrado Santa Rosa (acceso a una escuela), construcción de empedrado en la calle Santa Rosa entre Los Colonos y la avenida Bernardino Caballero, empedrado sobre la calle Mariscal Francisco Solano López, construcción de dos aulas en el colegio María Auxiliadora, construcción de empedrado sobre la calle Las Tunas, construcción de empedrado en el barrio Virgen del Carmen, construcción de polideportivo en la escuela Adela Speratti y en la construcción de aula y baño en la escuela San Miguel.
Defensa de Gil Amarilla
El intendente Amarilla, por su parte, intentó justificar las irregularidades alegando que exigiría a las empresas contratistas a cumplir con las especificaciones técnicas. Sin embargo, sus argumentos no convencieron a la CGR. Asimismo, el jefe comunal no logró cumplir con el plan de mejora institucional propuesto por el ente contralor.
Las consecuencias de este nuevo caso de corrupción podrían ser graves para el intendente Amarilla. El Ministerio Público deberá investigar a fondo el informe presentado por la C.G.R. y determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra del jefe comunal y los responsables de las irregularidades.
Esta situación pone una vez más en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de recursos públicos.