La restricción comenzará este lunes 2 de noviembre y alcanzará a la pesca comercial y deportiva. Mientras el Gobierno busca preservar la reproducción de los peces, miles de trabajadores afrontan una pausa en sus ingresos, con un subsidio sujeto a requisitos y controles sobre la extracción y la venta de productos.
La veda pesquera 2026-2027 comenzará a las 00:00 de este lunes 2 de noviembre en todo Paraguay y restringirá la pesca comercial y deportiva para proteger la reproducción de las especies. La medida se extenderá hasta el 21 de diciembre en los cauces internos y las aguas compartidas con Argentina, mientras que en determinados tramos fronterizos con Brasil continuará hasta el 31 de enero de 2027, conforme al calendario establecido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) mediante la Resolución N.º 511.
La pausa biológica plantea un desafío que va más allá de la conservación de los recursos acuáticos: cómo sostener a las familias que dependen de la pesca, ordenar la comercialización y garantizar que las restricciones se cumplan sin perjudicar a quienes viven de esta actividad.
Una pausa que golpea los ingresos
La suspensión de la pesca comercial afecta directamente a los trabajadores que obtienen sus ingresos de la extracción y venta de peces. También repercute en las familias ribereñas, los acopiadores, los vendedores y los establecimientos gastronómicos que comercializan productos provenientes de los ríos.
Para los pescadores que dependen exclusivamente de esta actividad, el periodo representa semanas sin poder trabajar de la manera habitual. El subsidio estatal busca amortiguar ese impacto, aunque el acceso al beneficio está sujeto a condiciones y a la disponibilidad presupuestaria.
Según los antecedentes divulgados por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), el programa de asistencia está dirigido a pescadores en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que dependen de la extracción de peces como medio de vida. Entre los requisitos figuran la inscripción en el registro administrado por el MADES y la verificación de la actividad laboral y de la situación familiar.
En la temporada anterior, el MDS informó que alrededor de 4.500 pescadores recibirían asistencia y que el presupuesto previsto era de G. 6.020 millones. Los montos individuales comunicados entonces oscilaban entre G. 750.000 y G. 2.300.000, según la zona, el tipo de veda y la composición familiar. Estas cifras corresponden al periodo anterior y no deben tomarse como confirmación de los beneficiarios, el presupuesto o los pagos de 2026.
Para esta nueva temporada, el monto actualizado, la cantidad definitiva de beneficiarios y el calendario de desembolsos deben ser confirmados por el Ministerio de Desarrollo Social. La diferencia entre el número de pescadores registrados y el de personas que finalmente reciben el subsidio es uno de los puntos que requiere seguimiento.
¿Quiénes pueden seguir pescando?
La veda no habilita la pesca comercial habitual, pero contempla una excepción limitada para la subsistencia de determinados pescadores ribereños.
De acuerdo con las condiciones divulgadas para la Resolución N.º 511, la excepción permite a los ribereños autorizados pescar desde la orilla, con caña, anzuelo o liñada, sin utilizar embarcaciones y hasta un máximo de cinco kilogramos diarios de pescado variado por persona. La captura no puede destinarse a la venta y existen especies excluidas de esta excepción, entre ellas el surubí, el manguruyú, el dorado y el pacú.
La distinción es importante: esta modalidad busca permitir la obtención de alimentos para consumo propio, no mantener la actividad comercial durante la restricción. Quienes pretendan acogerse a ella deben verificar las condiciones y autorizaciones aplicables ante la autoridad ambiental.
Controles sobre el transporte y la venta
La prohibición también alcanza la extracción, el transporte y la comercialización de productos pesqueros silvestres, conforme a las disposiciones vigentes. Por eso, el cumplimiento de la veda no depende solamente de las inspecciones en los ríos, sino también de la trazabilidad del pescado que llega a pescaderías, supermercados, restaurantes y otros comercios.
Los establecimientos habilitados que mantienen existencias de pescado deben cumplir los procedimientos de declaración de stock y las condiciones previstas para su comercialización. Para esta temporada, se estableció un plazo de diez días corridos para vender los productos declarados, de acuerdo con las disposiciones aplicables. La venta de pescado de criadero y de productos importados autorizados se rige por condiciones diferenciadas.
El MADES tiene a su cargo la fiscalización ambiental y pesquera, con apoyo de otras instituciones en los operativos de control. En septiembre, la cartera informó que reforzaba las verificaciones de licencias, embarcaciones, artes de pesca y tallas mínimas en los ríos Paraguay y Paraná y en otros cursos de agua.
La efectividad de estas medidas dependerá de que los controles alcancen tanto a quienes extraen pescado ilegalmente como a los circuitos de transporte y comercialización. La procedencia de los productos y la documentación correspondiente serán claves para diferenciar las ventas permitidas de las infracciones.
Proteger los recursos sin desatender a los trabajadores
La veda se fundamenta en la necesidad de permitir que los peces completen su ciclo reproductivo y favorecer la conservación de las poblaciones acuáticas. Sin embargo, para las familias que viven de la pesca, la protección ambiental debe ir acompañada de medidas de asistencia oportunas y de mecanismos que contemplen la realidad económica de las comunidades ribereñas.
El desafío para el Estado es doble: preservar los recursos naturales que sostienen la actividad a largo plazo y evitar que quienes dependen de ellos queden desprotegidos durante la pausa obligatoria.
La temporada también plantea la necesidad de fortalecer el registro de pescadores, transparentar los criterios de selección de beneficiarios y evaluar alternativas de ingreso para los hogares que dependen exclusivamente de esta actividad. La conservación de los ríos y la protección social no son objetivos opuestos: ambas resultan necesarias para que la pesca continúe siendo una fuente de trabajo y alimento en Paraguay.