El procurador general de la República, Samuel Rojas, informó que la institución a su cargo ha presentado un pedido de intervención en las causas penales relacionadas con el caso ueno Bank, a fin de tener conocimiento de todas las actuaciones y precautelar los intereses patrimoniales del Estado.
Mediante esta intervención, la Procuraduría podrá monitorear las actuaciones y plantear cualquier cuestión en coordinación con el Ministerio Público, explicó Rojas.
«El objetivo sobre todas las cosas es precautelar los intereses patrimoniales de la República y velar porque los responsables de la comisión de los hechos punibles asuman las consecuencias mediante la ejecución de la demanda de daños y perjuicios», dijo.
Afirmó que la participación de la Procuraduría busca agregar una contundencia a la persecución de los hechos punibles, a fin de «dar un mensaje serio y fuerte a la ciudadanía».
Aclaró que esta participación no implicará ninguna interferencia con el trabajo de los fiscales del Ministerio Público que, según dijo, «están haciendo un trabajo exhaustivo» y que la intención es, en todo caso, «cooperar y trabajar coordinadamente con ellos».
Consejo transitorio para administrar y sostener empresas vinculadas
Por otro lado, el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, anunció una iniciativa de ley para conformar un consejo con facultad de administrar las empresas vinculadas al intervenido ueno Bank, de modo a que puedan mantenerse activas, protegiendo los puestos de trabajo.
La iniciativa contempla la promulgación de una ley transitoria por el cual se conforme este consejo, el cual tendrá un administrador responsable de verificar y determinar las empresas con posibilidad de sostener sus activos, regularizarse y mantenerse, explicó González.
«Va a ser un consejo de un consejo de supervisión de sociedades vinculadas conformado por un representante del Poder Ejecutivo, uno por el Ministerio de Industria y Comercio, uno por el Ministerio de Economía, uno por el Ministerio del Trabajo», detalló.
Aclaró que en cualquier caso las empresas no podrán ser aquellas contempladas por el Banco Central del Paraguay dentro del proceso de resolución o aquellas afectadas por la administración de la Senabico.
«Realmente lo que nosotros estamos proponiendo es aquellas empresas vinculadas que no están afectadas por la situación de la investigación judicial», precisó.
Destacó que la iniciativa legal ya fue socializada con varios sectores y cuenta con buena receptividad. «Queremos tener un instrumento previo legal ante situaciones que se podían generar y después ya va a ser tarde», añadió.