Los agentes fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra Miguel Prieto y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Asimismo, solicitaron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este la elevación de la causa a juicio oral y público.
En su requerimiento conclusivo, el Ministerio Público sostiene que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior a G. 311.000.000 a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según la investigación fiscal, se constató que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el intendente municipal Miguel Prieto el 10 de junio de 2020.
La Fiscalía señala además que, en ese contexto, se gestionaron y obtuvieron aportes por las sumas de G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas.
Igualmente, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques. Esta situación, según el Ministerio Público, evidenciaría la existencia de un esquema organizado destinado al desvío de fondos municipales, que habría generado un perjuicio patrimonial total de G. 311.580.000.
Para la Fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener la existencia de un mecanismo estructurado, sistemático y organizado, integrado por funcionarios municipales y particulares, cuyo objetivo fue canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.