Los primeros resultados concretos en la investigación de la denominada “mafia de los pagarés” comienzan a reflejarse en la restitución de dinero a víctimas en la capital, tras intervenciones impulsadas por la Defensoría Pública.
La defensora pública civil especializada, Luz Mabel Chávez Silva, logró la devolución de sumas millonarias a dos personas afectadas por descuentos judiciales considerados irregulares, en el marco de juicios de cobro promovidos ante juzgados de paz.

Uno de los casos corresponde a Nancy Martínez, docente de la ciudad de Hohenau, quien recuperó un total de Gs. 17.877.823. Según su testimonio, durante aproximadamente dos años sufrió descuentos mensuales de hasta Gs. 4.500.000 sobre su salario, derivados de embargos judiciales iniciados por la empresa LM Hogar y otras firmas, por supuestas deudas que afirma no haber contraído.
Los procesos fueron tramitados en distintos juzgados de paz, incluyendo sedes en Villa Elisa, Asunción y Luque. La afectada señaló que inicialmente interpretó los descuentos como deducciones habituales, hasta que posteriormente constató que correspondían a embargos judiciales con intereses elevados. Estimó que el total retenido podría rondar los Gs. 70 millones.
A partir de la intervención de la Defensoría Pública, se promovieron acciones que derivaron en la caducidad de instancia en los procesos, lo que permitió la devolución parcial de los montos embargados en un plazo inferior a 20 días.
En un segundo caso, el ciudadano Francisco Ramón Aguilera Alarcón recuperó una suma superior a Gs. 18 millones, luego de que el Juzgado de Paz de La Recoleta declarara la nulidad de la demanda promovida en su contra por la firma Compañía Administradora de Riesgos S.A., en el marco de una acción preparatoria de juicio ejecutivo.
De acuerdo con la defensora interviniente, estos casos representan avances iniciales dentro de una serie de investigaciones que buscan esclarecer un esquema de presuntos cobros indebidos mediante la utilización de documentos y procesos judiciales irregulares. Las personas beneficiadas manifestaron su conformidad con los resultados obtenidos, destacando la rapidez de las gestiones y la recuperación de parte de los montos descontados.
El Ministerio de la Defensa Pública continúa trabajando en otros expedientes similares, con el objetivo de lograr nuevas restituciones y determinar responsabilidades en los casos que forman parte de este esquema.

