En una nueva muestra de indignación ciudadana, un grupo de vecinos del distrito de Jesús se manifestó frente a la sede del Ministerio Público en Encarnación, exigiendo la destitución del intendente Víctor Garay (A.N.R.) y una investigación más profunda sobre las acusaciones de corrupción en su contra.
Los manifestantes, en su mayoría residentes locales, denunciaron una serie de irregularidades en la gestión municipal, incluyendo el presunto desvío de millones de guaraníes destinados a proyectos de infraestructura. Según las denuncias, estos fondos habrían sido utilizados para financiar obras fantasmas y enriquecer a funcionarios municipales.
La imputación inicial contra Garay se centra en la malversación de fondos asignados al distrito en 2020 bajo un programa especial para ciudades turísticas. Sin embargo, los vecinos consideran que los delitos cometidos van más allá de la lesión de confianza y exigen que se investigue al intendente por asociación ilícita, argumentando que habría operado una red de corrupción para desviar los recursos municipales.
La manifestación de este miércoles se suma a una serie de protestas previas en las que los vecinos de Jesús han exigido la renuncia de Garay. La tensión ha escalado en las últimas semanas.
La Fiscalía, por su parte, ha confirmado la recepción de múltiples denuncias y ha iniciado una investigación exhaustiva. El fiscal Luis Albertini ha señalado que existen evidencias de desembolsos irregulares y que se están evaluando las posibles imputaciones adicionales.
Los vecinos de Jesús esperan que esta nueva manifestación sirva para presionar a las autoridades y acelerar el proceso judicial contra el intendente Garay. Asimismo, demandan una auditoría completa de la gestión municipal para determinar sobre el supuesto desvío de dinero y los responsables de estos hechos.
Jesús de Tavarangüe sigue en vilo por conflicto municipal
La tensión en la localidad de Jesús de Tavarangue no cesa. Un nuevo capítulo se escribió la última semana de octubre, con una nueva manifestación ciudadana en las puertas de la municipalidad, exigiendo la renuncia del intendente Víctor Garay Olmedo, imputado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Los manifestantes, desconfiados de la gestión municipal, redoblaron sus medidas de control, impidiendo el ingreso del intendente al edificio comunal. Asimismo, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el municipio reciba fondos destinados a la preservación del patrimonio cultural, temiendo que los recursos sean malversados.
Obras fantasmas, un vertedero clandestino y dudas sobre fondos
Entre las principales quejas de los ciudadanos se encuentran las numerosas obras públicas inconclusas y abandonadas, así como la conversión del exmatadero en un vertedero a cielo abierto, situación que genera un grave riesgo ambiental.
La aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que destina fondos a localidades con patrimonio cultural, entre ellas Jesús de Tavarangue, ha encendido las alarmas entre los manifestantes. Estos temen que los recursos sean malversados, dado el historial de irregularidades en la gestión municipal.
El intendente se defiende y amenaza con acciones legales
Por su parte, el intendente Víctor Garay Olmedo, a través de su abogado, Salim Abud, aseguró que los fondos no serán administrados directamente por la municipalidad, sino a través de proyectos gestionados por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Abud también aclaró que las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República ya fueron subsanadas.
Sin embargo, los manifestantes no se muestran convencidos y amenazan con encadenarse frente al Congreso si sus reclamos no son atendidos. Asimismo, el abogado del intendente advirtió que se tomarán medidas legales si los manifestantes impiden el acceso a la municipalidad a otros ciudadanos.
La situación en Jesús de Tavarangüe se presenta como un claro ejemplo de la tensión que puede surgir entre una ciudadanía descontenta y una administración municipal cuestionada. La resolución de este conflicto dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos, así como de la voluntad de los manifestantes de encontrar una salida pacífica a la crisis.