Desde los primeros días del mes de mayo, en la capital del departamento las cosas han cambiado de un modo visceral.
Primero, la intención de la comuna de implementar el estacionamiento tarifado, idea que ha caído como un balde de agua fría, en un momento económico insostenible, por diversos factores, especialmente el flujo de dinero; atendiendo las bajas ventas, los locales desalquilados por docena, la recesión que se siente en el circuito comercial, sobrevivir a una pandemia que dejó al mundo patas arribas.
Y Encarnación no fue la excepción, hecho que muchos parecen olvidar, pretendiendo imponer un «negocio» que beneficiará a “empresaurios” y perjudicará a la ciudadanía.
Luego de calmadas las aguas, una manifestación ciudadana ofendida con la toma de decisiones, hizo desistir momentáneamente a los concejales y el intendente municipal.
Posterior a los sucesos referidos, nos amanecimos con otra idea, la de hacer de Encarnación una Sociedad Anónima, al decir de muchos, con la inventiva de privatizar la recolección de basura en la ciudad.
Pueden pretender cambiarle el nombre al gran negocio, con argumentos como que no se trata de privatización sino de tercerización, que es lo mismo, con diferente nombre. Pero la verdad, solo muestra la, ineficiencia de la actual administración de realizar una tarea que debería ser base de dividendos rentables para el municipio, sin dejarlo en manos de terceros, como vemos hoy que quieren hacer.
Tercerizar la recolección de basura por 25 años, nos muestra la ineficiencia comunal y la intención de perjudicar a los encarnacenos, con un contrato de cláusulas leoninas que dará a la comuna solo el 40% de rentabilidad.
Un grupo de vecinos de la capital departamental, asistieron a la sesión de la junta municipal para mostrar su postura de oposición, donde ofuscados ciudadanos, exigieron a los concejales el estudio minucioso de un contrato lleno de beneficios para los que brindarían el servicio de recolección, y ninguno para la población, solamente la “promesa” de un buen servicio.
En su proyecto está, que deben ceder desde la comuna, una oficina para la cobranza, es decir, que la empresa privada, ni siquiera pagará alquiler para llevarse el 60 % de la rentabilidad.
Es así, que los indignados ciudadanos que se dieron por nombre “contraloría ciudadana», nuevamente se manifestaron frente a la junta municipal, donde varios de ellos asistieron a la sesión para sentar postura, siendo interrumpidos por el altercado generado por el ciudadano Silvio Piris, quien es miembro de la Junta departamental, docente y sindicalista.
El exabrupto del ciudadano que mantuvo una acalorada discusión con el presidente de la junta municipal, por no cederle la palabra durante la sesión, ha llevado a los concejales a emitir una nota, votada por 8 de ellos, a demandar a los ciudadanos. Especialmente a Piris, que asistió a la sesión no en su rol de concejal, y si como residente afectado por las medidas que se pretende tomar en relación a la recolección de basura.
La gravedad de este hecho muestra la carencia de conocimiento de la Constitución Nacional por parte de los ediles, que en su Ley N° 1066 reglamenta el artículo 32, que manifiesta el derecho de reunirse y manifestarse para considerar cuestiones que atañen a intereses públicos o privadas, sumado al derecho de la información (artículos 26 y 28), pretendiendo de esta manera, cercenar la voz de quienes no están de acuerdo con entregar la tarea de recolección en manos de terceros.
Pero el enojo parece tener más profundidad de lo que en verdad muestran los concejales, que han recibido la nota de la intendencia en el mes de febrero, siendo la misma retirada en abril, sin que la misma haya sido estudiada, minuciosamente como espera la ciudadanía de los concejales.
¿Cuál es el interés real de esta situación?, es lo que la ciudadanía espera saber. Porque tanto interés en privatizar, cuando el beneficio puede darse completamente desde el mismo municipio.
¿Porque tanto enojo ante los cuestionamientos ciudadanos?
¿Cuál es el verdadero interés de los concejales?
Esta y otras muchas preguntas se hace a sí misma la ciudadanía, que asombrada, ve como sus representantes defienden con capa y espada algo que perjudicaría a todos los habitantes de Encarnación.
El proyecto aún está en estudio, y probablemente, sea aprobado por diez concejales, olvidando la función para los que fueron electos: defender los intereses ciudadanos y ser contralores de la gestión del ejecutivo comunal.
El tiempo es el padre de todas las verdades, y no pasará mucho tiempo para que la ciudadanía sepa en verdad, porque tanta defensa ante algo que tiene oposición ciudadana.
El chake, pretende instalarse entre las autoridades, contra los habitantes, olvidando su rol principal.