El juez Humberto Otazú se declaró incompetente para entender en la causa al exintendente de Nueva Alborada, Jorge Rubén Johansson Cuadra, por un supuesto un perjuicio patrimonial de más de G 3.169 millones de guaraníes al municipio, imputado en el año 2022 por el Ministerio Público.
Argumentó que el proceso ya se había desarrollado en gran parte en el Juzgado Penal de Garantías de Encarnación, que habría tomado decisiones claves y que la competencia no habría sido objetada en el tiempo transcurrido.
Una vez recepcionado el presente expediente en secretaria, el Juzgado ha realizado un análisis de las actuaciones obrantes en autos, en el marco de la presente causa se formuló imputación en fecha 19 de agosto del 2022 -sobre dos denuncias formuladas en fechas 02 de mayo del 2017 y 05 de diciembre del 2019, por los entonces Concejales Municipales del distrito de Nueva Alborada contra el Intendente el Sr. Jorge Rubén Johansson Cuadra, donde establece como supuesto perjuicio patrimonial aproximadamente la suma de Gs. 3.169.112.189 (tres mil ciento sesenta y nueve millones ciento doce mil doscientos ochenta y nueve), siendo sorteado y asignado el Juzgado Penal de Garantías N° 02 de la ciudad de Encarnación.
“Si bien el magistrado resalta que la remisión de la presente causa a un Juzgado del fuero especializado, fundado en las disposiciones de la Ley 6379/19 y al monto equivalente al daño patrimonial de la causa, sin embargo, tal como se expusiera precedentemente observamos que el mismo ya realizó un análisis de la admisión del acta de imputación así como de un requerimiento conclusivo, donde ya figuraba el monto del supuesto daño patrimonial en el marco de la causa.-” dice el juez que se ha declarado incompetente.
“Es importante destacar que habiendo concluido -tal como se dijo la etapa de investigación ante el Juez Penal de Garantías- encontrándose admitido el acto conclusivo por parte del Ministerio Público, habiendo ya el Juez de Garantías llevado adelante una audiencia preliminar, cuyo actuar no fue objetado por las partes”, apunta el magistrado.
Antecedentes
De acuerdo a la denuncia, el exjefe comunal Jorge Johansson cuadra, imputado por el fiscal abogado Enrique Díaz, quien reunió los elementos para sustentar esta imputación y la de otros siete de sus colaboradores alguna de las irregularidades halladas mediante una afanosa tarea del equipo del ministerio público en el análisis de documentos es la transferencia irregular de 100% de montos de Fonacide a los fondos de entes genuinos y de menores para realizar pago de jornales, compra de materiales, combustible, etc.
Desde el año 2018 al año 2021 por valor de unos 3326 millones de guaraníes, también se habrían liberado cheques municipales sin ningún respaldo administrativo por unos 370 millones de guaraníes desde los años 2018 al 2020 la administración de Jorge Johansson no habría ejecutado ninguna obra de infraestructura edilicia en escuelas de la comunidad a pesar de que estas contaban con diferentes necesidades de mantenimiento y reparaciones otros 1524,328,673 guaraníes se destinaron a pago de materiales de construcción y en una ferretería Esto entre el año 2018 y 2019 sin contar con documentos legales respaldatorios para dicha erogación.
Así también hallaron facturas que serían falsas de compras en una ferretería.
Estos datos que saltaron del trabajo de técnicos de la Contraloría General de la república fueron tenidos en cuenta en la investigación. Además de Johansson fueron imputados Teresa Jiménez Brítez, ex secretaria general de la municipalidad de Nueva alborada, Juan Manuel Chaparro Amarilla, ex tesorero y es ordenador de gastos municipales, Leonardo Milcíades Galeano Benítez, exdirector de administración y finanzas de la municipalidad, Alexis Eduardo Williams Acosta, exsecretario general de la municipalidad, Lorena Rosa Chaparro de Johansson ex ordenadora de gastos de la municipalidad de Nueva Alborada, Antonio Galeano Cáceres ex ordenador de gastos de la municipalidad de Nueva Alborada y Pedro chaparro, ex tesorero de la municipalidad de Nueva Alborada punto aparte las denuncias fueron formuladas entre mayo del 2017 y diciembre del 2019 de parte del entonces concejales municipales Ramón Mereles Sosa Alfredo Blender Sonia López María Clotilde Mereles Mario Ramírez Ernesto Franz y Florentín Mereles, contra el intendente Nueva Alborada p El asesor jurídico de la municipalidad, abogado Lilio Sotelo amplió la denuncia indicando que también empleados, funcionarios, contratados, así como supuestos proveedores y hasta familiares, quienes supuestamente habrían extraído dinero público mediante cheques oficiales de la municipalidad, argumentó en su denuncia que Johansson habría cometido lesión de confianza en las transferencias intercuenta de Fonacide y Royalties, al momento de ser desembolsado por el Ministerio de Hacienda inmediatamente el pasaba a recursos genuino y de ahí se sacaba el dinero a diestra y siniestra.
Tenemos la lista que nos proveyó la Contraloría, donde se establecen 78 personas que quitaban dinero público municipal a través de cheques al portador, que está prohibido por ley. Todo esto ya está a cargo del Fiscal Enrique Amadeu Alegre, responsable del Ministerio Público.